Terremoto del 24 de junio de 2026: La brecha entre el conocimiento científico y la prevención institucional en Venezuela

Por Redacción de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL)

Un desastre sísmico no es un suceso estrictamente natural, sino una construcción social. Así lo concluye el artículo de revisión firmado por los doctores José Luis Mogollón y Claudio Bifano, publicado recientemente en el Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN), Vol. LXXXVI, n.° 2, 2026.

Los autores de la investigación son reconocidos académicos del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela (UCV): Mogollón es doctor en Geoquímica por la UCV, mientras que Bifano es Ph.D. en Química por la Universidad de California. Hay ue destacar que el segundo autor es Individuo de Número de la ACFIMAN y actual presidente de la Academia de Ciencias de América Latina.

En su trabajo, Mogollón y Bifano examinan por qué el terremoto del pasado 24 de junio no puede entenderse como una sorpresa absoluta ni sus consecuencias como un efecto inevitable de la naturaleza. A partir del análisis de antecedentes históricos, estudios sismológicos, mapas de fallas, microzonificación sísmica, normas de construcción y planes de gestión de riesgo, los investigadores demuestran que Venezuela contaba desde hace décadas con el conocimiento suficiente para anticipar un escenario destructivo.

No se sabía el día ni la hora del terremoto, pero sí que el país debía estar preparado. La pregunta central es por qué ese conocimiento no se convirtió en prevención.

El texto recorre la amplia tradición venezolana en investigación sísmica, destaca la profusión de estudios sobre el valle de Caracas y explica cómo el reforzamiento de edificaciones, la protección de hospitales y escuelas, la actualización de mapas de riesgo y la preparación ciudadana habrían reducido significativamente las pérdidas humanas y materiales. Sin embargo, el centro del debate no reside en predecir cuándo ocurriría el sismo, sino en analizar la brecha entre el saber científico y la acción pública: la ausencia prolongada de una política sísmica estatal sostenida, financiada, evaluable y comunicada a la población.

Una memoria sísmica acumulada

Desde la perspectiva geofísica, la investigación demuestra que el evento del 24 de junio es la consecuencia natural de habitar sobre un límite tectónico activo. El norte de Venezuela constituye la frontera dinámica entre las placas del Caribe y de Suramérica, una franja atravesada por los sistemas de fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar. La línea cronológica (Figura 1 del estudio) sintetiza más de un siglo de evidencia científica: desde las observaciones pioneras de Melchor Centeno Graü y José Grases Galofré, pasando por la creación del Observatorio Cajigal y FUNVISIS, hasta los modelos modernos de microzonificación. Toda esa acumulación de datos ya demostraba que el subsuelo de Caracas amplifica severamente las ondas sísmicas y que cerca del 80 % de la población venezolana habita en áreas de riesgo sísmico medio a muy alto.

La relevancia de esta reconstrucción histórica radica en que expone cómo el conocimiento avanzó de forma constante para prever los escenarios de desastre. Un hito decisivo fue el estudio de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, 2005), el cual integró cartografía de fallas, modelos de suelo y vulnerabilidad de viviendas para demostrar cuantitativamente que un programa de reforzamiento estructural habría reducido de 10000 a apenas 1300 los edificios gravemente dañados en Caracas ante un escenario similar al de 1967, salvando miles de vidas. Por tanto, la evidencia recopilada confirma que la ciencia venezolana sí ofreció las herramientas de diagnóstico necesarias; lo que falló fue la articulación institucional para convertir esa evidencia en decisiones urbanísticas y de protección civil.

Sin planes y sin recursos

A pesar del sustento científico acumulado y de la existencia de marcos regulatorios como la Norma COVENIN 1756 sobre edificaciones sismorresistentes o programas escolares como Protección Civil va a la Escuela, el análisis pone en evidencia una grave brecha presupuestaria. Entre 2005 y 2025, los fondos destinados a la prevención mostraron opacidad, fragmentación y una drástica escasez de recursos asignados a las instituciones clave. La gestión del riesgo operó prioritariamente como un trámite administrativo previo a la construcción o como una respuesta reactiva post evento, en lugar de consolidarse como un plan nacional integral, financiado y auditado públicamente.

Hacia una estrategia nacional de resiliencia

Para superar la cultura de la reacción y avanzar hacia una prevención efectiva, el análisis de Mogollón y Bifano propone cuatro líneas estratégicas fundamentales:

• Programa nacional y municipal de reducción del riesgo: Implementación de un presupuesto auditable dedicado al inventario y reforzamiento estructural prioritario de edificaciones públicas, hospitales, escuelas y puentes.
• Microzonificación obligatoria: Integración vinculante de los mapas de riesgo sísmico en las ordenanzas municipales, normativas de uso del suelo y permisos de habitabilidad urbana.
• Ciudad resiliente y servicios críticos: Protección de las redes de infraestructura (agua, energía, telecomunicaciones) para garantizar su operatividad inmediata tras el impacto, superando el estándar mínimo de solo evitar el colapso.
• Atención a la autoconstrucción y asistencia técnica: Acompañamiento profesional en asentamientos informales, con sectorización previa de rutas de evacuación, puntos de encuentro comunitarios y programas continuos de formación ciudadana en alianza con el sector educativo.

Referencia

Mogollón, J. L. y Bifano, C. (2026). Sabíamos que habría un terremoto. ¿Por qué sus consecuencias fueron tan desastrosas? Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 86(2), 9-16. https://acfiman.org/boletines_articulos/sabiamos-que-habria-un-terremoto-por-que-sus-consecuencias-fueron-tan-desastrosas